El 22 de Julio pasado se representó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una triste comedia parodiada por el Alcalde, Francisco Javier Reinoso. Lo puesto en escena no era nuevo para los allí presentes, puesto que era la continuación del drama vivido el año pasado por los vecinos de la pedanía de Setefilla, que curiosamente se escenificó también por estas fechas. El argumento no es otro que querer meter una depuradora de aguas residuales en una zona de juegos infantiles, por la sencilla razón de que el suelo es gratis para el Ayuntamiento, sin importarle a nuestro regidor que este suelo no es apto para ubicar estas instalaciones, puesto que contraviene la normativa que las regula e incluso va en contra de las determinaciones que para este suelo se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana.
Un año más tarde de aquellas manifestaciones vecinales, el Alcalde trata de justificar lo injustificable, por la sencilla razón de que la inversión hay que realizarla. Una inversión que por otra parte se hace precisa y urgente, porque sin ella no se puede desarrollar la urbanización de los suelos de un promotor privado.
O sea, al Sr. Alcalde le importa la punta de un pimiento el que la población de Setefilla cargue en un futuro con los inconvenientes de tener una depuradora de aguas residuales a escasos metros de sus viviendas y dentro de la única zona de juegos infantiles y de esparcimiento con que cuenta la pedanía y además, se deja caer con que aunque se construya, esta instalación no va a funcionar nunca, reconociendo con ello lo injusto del emplazamiento. O sea, enterrar unos cuantos miles de euros para nada y sentando las bases para que la Agencia Andaluza del Agua sancione en un futuro al Ayuntamiento por vertidos sin depurar a cauce público.
Pero lo que más sorprende es que después de un año, aún no se hayan realizado las gestiones necesarias para disponer de un emplazamiento idóneo y más acorde con la finalidad que se pretende.
La participación ciudadana en los asuntos públicos queda nuevamente en entredicho. Las manifestaciones de los vecinos de Setefilla en contra de la ubicación de la planta de aguas residuales cercana a sus viviendas y en el interior del parque infantil, han caído en saco roto. Las normas acordadas por el Pleno del Ayuntamiento y contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana no han sido respetadas y ya tan solo quedaba escuchar de boca del Sr. Alcalde que la depuradora se haría tal cual, si ó si. La Asociación AMUD-Ecologistas en Acción ya advirtió de todos estos incumplimientos en Noviembre de 2007.
Esta actitud de nuestro Alcalde de marcado carácter dictatorial no es justificable de modo alguno. Ni el asunto a tratar lo merecía, ni los vecinos de Setefilla con su respetuoso comportamiento han dado pie a ello, ni por el tiempo transcurrido para ubicar debidamente esta instalación; 2 años y medio desde que se dio a conocer el proyecto; justifica en modo alguno el empecinamiento de nuestro Alcalde en ejecutar una obra que como bien el reconoció en el transcurso de la reunión, no debería ponerse en funcionamiento nunca en ese lugar.
El Alcalde tiene el deber y la obligación de recapacitar, analizar la situación creada y adoptar una solución que sirva tanto a los intereses de los vecinos como al promotor de la urbanización. No están los tiempos para despilfarros Sr. Alcalde y la ciudadanía a la que debe su cargo, bien merece un respeto por su parte y una administración de los dineros públicos como es debido y conforme a Ley.
Lora del Río, 24 de Julio de 2010
Hoy en día a nadie le puede quedar lugar a dudas, de que las vías pecuarias, en sus distintas denominaciones y correspondientes anchuras como cordeles (37,50 mts.), veredas (20 mts), cañadas reales (75 mts), coladas (variable) ó descansaderos. Todos ellos son pasos obligados de dominio público, ó sea que cualquier persona, sin limitación alguna, más allá de las que marcan las leyes, puede hacer uso de estos itinerarios que desde tiempo inmemorial vertebran y conectan entre sí los términos municipales de la geografía española. http://www.caminoslibres.es/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=50&page=1
Actualmente las vías pecuarias levantan cierta polémica entre una buena parte de la ciudadanía entre los partidarios de su conservación; representados en gran medida por la corriente conservacionista del ecologismo actual y por otro lado, entre los detractores de que este sistema de comunicación rural que tanto trabajo y beneficios ha dado para la ganadería transhumante, simplemente desaparezca por innecesario, a la vista de la proliferación de los modernos medios de transporte y de que este tipo de ganadería extensiva y sostenible, haya sido sustiuida en buena medida por el estabulamiento del ganado en granjas industriales de engorde.
En cuanto al trazado de estas vías pecuarias por el interior de las ciudades y zonas urbanas, el desinterés en ocasiones de la administración, en armonía con algunas empresas urbanizadoras, pretende integrar estos suelos de dominio público, ó sea de todos los españoles, a los suelos urbanos de iniciativa privada, en ocasiones sin compensación alguna para la población del lugar y en beneficio exclusivo de los mismos agentes urbanizadores; siendo estos mayoritariamente empresas que incorporan a su patrimonio unos suelos públicos que ellos venden posteriormente como urbanos a precios de mercado inmobiliario. Esto repercute negativamente en el mismo mercado, ya que echa por tierra el principio de libre competencia, a favor de una “competencia desleal” entre las mismas empresas, en beneficio de aquellos empresarios que mejores “contactos” mantengan con la Administración, lo que en parte dá pie al hecho conocido internacionalmente como “corrupción urbanística en el estado español” y que recientemente ha sido sancionado por la Comunidad Europea a través de la aprobación del controvertido informe “Auken”: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES
La legislación actualmente en vigor en torno a las vías pecuarias, toda ella promulgada en Andalucía a partir de 1.995, http://www.derecho.com/l/boe/ley-3-1995-vias-pecuarias/, dispone una serie de reglas que hay que cumplir para que estos suelos de dominio público puedan ser incorporados a las actuaciones privadas urbanizadoras, en garantía de que como patrimonio público que es, pueda ser finalmente utilizado ó en cierto modo compensado para que el resto de la ciudadanía también se beneficie de las plusvalías (beneficios) que estos suelos generan, tras su incorporación al patrimonio privado, ó cambio de uso y al propio tiempo en garantía del principio de libre competencia en igualdad de condiciones entre las empresas del sector inmobiliario-urbanizador. Es este y no otro el espíritu que la legislación actual de vías pecuarias promulga, o sea, un igualitario reparto de beneficios entre lo privado y lo público, garantizador de los derechos de unos y otros y que se consigue mediante la aplicación del Reglamento de Vías Pecuarias a todos los sectores afectados por estos itinerarios http://www.aldearural.com/subcategorias/normativamediorural/viaspecuarias.htm
Llevándo todo lo anteriormente expuesto al debate que hoy en día se está produciendo entre los grupos municipales del Ayuntamiento de Lora del Río y parte de la ciudadanía, en relación al uso y destino de los tramos de vías pecuarias que atraviesan las zonas urbanas de nuestro municipio, la población en general, o sea cada ciudadano de Lora del Río, sin excepción alguna, se debe beneficiar de las ganancias que generen la incorporación de los suelos hoy ocupados por el trazado de las vías pecuarias, a los distintos procesos urbanizadores identificados en nuestro ordenamiento urbanístico por los planes parciales que se contemplan en éste, que no son más que trozos determinados de terrenos en manos privadas para los cuales y una vez que cumplan con la legalidad, se les permite realizar una serie de construcciones: viviendas, locales comerciales ó industriales, infraestructuras viarias, sistemas generales de servicios a la población, etc… En términos económicos, el estudio elaborado por la empresa TRAGSATEC por encargo del Ayuntamieto de Lora del Río en el año 2003, para la desafectación de las vías pecuarias que influyen en el trazado urbano de Lora del Río, cifra la superficie ocupada por las Vías Pecurias en cerca de 300.000 metros cuadrados, o sea una superficie similar a 30 campos de fútbol. A precio de mercado actual del suelo y en términos monetarios el valor de la superficie de las vías pecuarias afectadas por el trazado urbano ascendería aproximadamente a unos 6.000.0000 de euros, ó sea poco más de 998 millones de las antiguas pesetas.
Si los 6.000.000 de euros los dividimos entre las aproximadamente 4.500 edificaciones, entre viviendas, locales comerciales o naves industriales que contempla el P.G.O.U. de Lora del Rio para estos nuevos sectores urbanos, cada edificación a desarrollar en estos suelos tocaría de media a poco más de 1.300 euros, en concepto de compensación por la incorporación de las vías pecuarias al proceso urbanizador. Ello no parece mucho coste, frente a los entre 90.000 y el 1.500.000 euros en que se valoran actualmente algunas de las edificaciones y urbanizaciones proyectadas ó llevadas a cabo en estos nuevos sectores urbanísticos que contempla el Plan General. Además, parte de este coste debe ser asumido por la Administración, al contabilizarse en el trazado infraestructuras viarias de carácter público ya existentes (carreteras, vías de ferrocarril, canales de riego, etc…), según consta en la Memoria del referido estudio elaborado por la empresa TRAGSATEC.
El Plan General de Ordenación Urbana de Lora del Río (PGOU), aprobado en Abril de 2005 por el Pleno del Ayuntamiento y posteriormente bendecido por la Junta de Andalucía con su publicación en el BOJA de fecha 9 de Febrero de 2006, contempla un proceso de reparto de beneficios entre lo público y lo privado por el hecho de incorporar los suelos de las vías pecuarias a los diferentes planes parciales.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/27/d/83.html
Este reparto de beneficios se materializa en lo que se denomina “Trazado Alternativo” a las Vías Pecuarias que hoy discurren por el suelo calificado como urbano ó urbanizable, o sea, destinar otros suelos circundantes a la población, para que estos, paralelamente al proceso ubanizador, adquieran la condición de terrenos de dominio público, al servicio de todos los loreños. Para ello se contempla una franja de terreno que discurre paralela a la margen derecha del río Guadalquivir, comenzando en el paso a nivel de la empresa Agrifluide en su confluencia con la “Cañada Real del Mármol” y finalizando en la misma cañada Real del Mármol, a la altura del Polígono Industrial Matallana. Estos terrenos alternativos que propone el Plan General deben ser objeto de expropiación con cargo a los beneficios que genera el proceso urbanizador y posteriormente adecentados para su puesta en uso y disfrute de la población en general, bien como “Vía Verde”, “Recorrido Forestal por la margen derecha del Guadalquivir”; “Itinerario destinado a actividades lúdicas”; “Parque periurbano” ó como quiera que se desee denominar esta nueva actuación.
En definitiva, la solución que propone el Plan, es muy similar al sistema de compensación que contempla éste para la realización de nuevas infraestructuras que se precisan para incorporar los nuevos suelos urbanos a la trama urbana local. De hecho, la polémica suscitada con la financiación de la nueva tubería de agua potable a la población que finalmente vamos a pagar entre todos los loreños en el recibo del agua, debería haber sido financiada según el PGOU mencionado, a costa de los promotores de los nuevos desarrollos urbanos.
Con las Vías Pecurias, si no se sigue la legislación aplicable, puede pasar como con la nueva tubería de agua, ó que finalmente el trazado alternativo de las vías pecuarias lo tengamos que pagar entre todos los loreños, ó lo que es también provable, que ni tan siquiera se llegue a realizar, con lo que, en ambas situaciones, será el interés general y la población de Lora del Río, en su totalidad, la que pierda una oportunidad más de desarrollar actuaciones públicas en beneficio de todos, aprovechando el dominio público de unos suelos que en otras poblaciones de andalucía han repercutido de una u otra forma en dotar de más y mejores servicios a sus ciudadanos; amparados solamente en la aplicación de las leyes que al caso nos ocupa. (Continuará)