El Blog de Paco

Todos estamos expuestos a los rigores y a las adversidades que nos depara la vida en alguna ocasión, pero algunos lo están más que otros. Ser una persona pública, tener una especial responsabilidad, en comparación con otras, o pertenecer a un colectivo profesional te adjudicará un estatus inherente a esa actividad que realices. Según que cosas, tendrás que asumir un grado de responsabilidad acorde al estatus laboral y/o social que ostentes y actuar en consecuencia.

La actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado está atribuida a Jueces y Tribunales sometidos al imperio de la Ley, ejercida por funcionarios públicos integrantes de la carrera judicial, cuya regulación está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Junto a estos hay otros funcionarios que trabajan para ellos y con ellos, todos amparados por un determinado régimen jurídico y sujetos a responsabilidad disciplinaria por conductas “desviadas” que quedan claramente determinadas. Las sanciones constan recogidas en la misma Ley y se aplican, con todas las garantías, tras la tramitación de un procedimiento regulado y llevado a cabo por los Órganos del Poder Judicial.

Es una evidencia que las cargas de trabajo de los órganos judiciales están más que desbordadas, así lo certifican las memorias del Consejo General del Poder Judicial y de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas. Hay mucha gente, muchísima, que está trabajando por encima de sus posibilidades, denunciando el estado en el que se encuentran las oficinas y la acumulación de asuntos en sus dependencias.

Se hace un decidido esfuerzo en muchos destinos –lo digo categóricamente- para que esta cadena, a la que se le denomina Administración de Justicia, siga funcionando lo mejor posible, sin embargo, debemos concretar que es el modelo lo que falla, no así las personas que trabajan en ella.

Durante treinta años de Democracia se han venido promulgando y aprobando un colosal número de leyes, unas veces por iniciativa propia y en otras por Recomendaciones o Directrices venidas de Bruselas por nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea.

Hemos modernizado y adaptado nuestro Ordenamiento Jurídico a la sociedad e intereses actuales, no obstante, el Sistema Judicial y el modelo de Oficina Judicial sigue funcionando con un esquema organizativo anclado en el siglo pasado.

Se crean especializadamente nuevos órganos judiciales, con sus respectivas plantillas, se aumentan los existentes, se incrementan las plantillas de Magistrados de las Salas y Tribunales donde son necesarios, y esto sigue sin funcionar. Las cargas de trabajo aumentan exponencialmente día a día, concurriendo lenta la respuesta al ciudadano y por ello ineficaz. Se comenten errores y se transmite una imagen de incapacidad en la correcta administración de justicia creando una desconfianza más que evidente en la ciudadanía.

El retraso puntual y procedimental que se produjo en la ejecución de una condena firme hizo saltar las alarmas. Lo que ocurrió con el caso del condenado pedófilo por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, es muy probable que haya ocurrido en otros Órganos Judiciales saturados de trabajo. Resalto la posibilidad de que se produzca un retraso en ejecutar una condena no así lo que pueda hacer el penado durante el tiempo que se encuentre en búsqueda. Esto ciertamente podría ser imprevisible e inevitable.

Esta causa ha convertido al Juez Rafael Tirado en el chivo expiatorio de un sistema judicial anticuado y obsoleto, que no cumple con las exigencias de una Administración ágil, eficaz y justa que la sociedad actual demanda.

Cumpliendo con el rol impuesto de chivo expiatorio se analiza y juzga la vida del Magistrado, sus peripecias profesionales y particulares, se rellenan espacios televisivos, radiofónicos y de prensa escrita, produciéndose un conjunto de efectos negativos en su persona, en el ejercicio de su actividad, en su entorno familiar y social. Descargamos la culpa colectiva sobre alguien en particular, aun cuando éste pueda no ser responsable de tal falta, produciéndose explícitamente una condena social y potencialmente un costoso precio.

En toda esta escena, un padre indignado y roto que no comprende porque le ocurrió esto a su hija quien, con una admirable capacidad de análisis, promueve un movimiento social encaminado a una nueva propuesta de modificación del Código Penal relacionada con un registro de pederastas y con el cumplimiento íntegro de penas para estos agresores, así como que se depure la responsabilidad profesional del Magistrado y la petición pública de una medida disciplinaria ejemplar.

Extraña en todo esto que no se dedique más tiempo y más espacios informativos a estudiar la conducta del indeseable imputado en el caso de la niña de Huelva, supuestamente autor de su muerte. Merecería un profundo análisis el perfil psicológico, familiar, laboral y social de estos elementos antisociales que nos pueden tocar de vecinos, llamados pederastas por los medios y pedófilos por la clínica psicológica.

Distintas Administraciones Públicas han adoptado una paulatina modernización de sus servicios, tal que la Administración Tributaria o la Seguridad Social entre otras, sin embargo, a alguna nunca le llega la ocasión propicia y es sólo en casos puntuales y muy traumáticos cuando se valora y se analiza la evocada modernización.

Desde las distintas administraciones implicadas se reconoce la necesidad de modernizar esta Administración y para ello se han creado Secretarias Generales, Departamentos, Secciones, Oficinas, con sus respectivos altos cargos y empleados públicos, todo destinado a asumir el prometido cambio, pero este no acaba de llegar.
PEC. Septiem/2008