Todos estamos expuestos a los rigores y a las adversidades que nos depara la vida en alguna ocasión, pero algunos lo están más que otros. Ser una persona pública, tener una especial responsabilidad, en comparación con otras, o pertenecer a un colectivo profesional te adjudicará un estatus inherente a esa actividad que realices. Según que cosas, tendrás que asumir un grado de responsabilidad acorde al estatus laboral y/o social que ostentes y actuar en consecuencia.
La actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado está atribuida a Jueces y Tribunales sometidos al imperio de la Ley, ejercida por funcionarios públicos integrantes de la carrera judicial, cuya regulación está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Junto a estos hay otros funcionarios que trabajan para ellos y con ellos, todos amparados por un determinado régimen jurídico y sujetos a responsabilidad disciplinaria por conductas “desviadas” que quedan claramente determinadas. Las sanciones constan recogidas en la misma Ley y se aplican, con todas las garantías, tras la tramitación de un procedimiento regulado y llevado a cabo por los Órganos del Poder Judicial.
Es una evidencia que las cargas de trabajo de los órganos judiciales están más que desbordadas, así lo certifican las memorias del Consejo General del Poder Judicial y de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas. Hay mucha gente, muchísima, que está trabajando por encima de sus posibilidades, denunciando el estado en el que se encuentran las oficinas y la acumulación de asuntos en sus dependencias.
Se hace un decidido esfuerzo en muchos destinos –lo digo categóricamente- para que esta cadena, a la que se le denomina Administración de Justicia, siga funcionando lo mejor posible, sin embargo, debemos concretar que es el modelo lo que falla, no así las personas que trabajan en ella.
Durante treinta años de Democracia se han venido promulgando y aprobando un colosal número de leyes, unas veces por iniciativa propia y en otras por Recomendaciones o Directrices venidas de Bruselas por nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea.
Hemos modernizado y adaptado nuestro Ordenamiento Jurídico a la sociedad e intereses actuales, no obstante, el Sistema Judicial y el modelo de Oficina Judicial sigue funcionando con un esquema organizativo anclado en el siglo pasado.
Se crean especializadamente nuevos órganos judiciales, con sus respectivas plantillas, se aumentan los existentes, se incrementan las plantillas de Magistrados de las Salas y Tribunales donde son necesarios, y esto sigue sin funcionar. Las cargas de trabajo aumentan exponencialmente día a día, concurriendo lenta la respuesta al ciudadano y por ello ineficaz. Se comenten errores y se transmite una imagen de incapacidad en la correcta administración de justicia creando una desconfianza más que evidente en la ciudadanía.
El retraso puntual y procedimental que se produjo en la ejecución de una condena firme hizo saltar las alarmas. Lo que ocurrió con el caso del condenado pedófilo por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, es muy probable que haya ocurrido en otros Órganos Judiciales saturados de trabajo. Resalto la posibilidad de que se produzca un retraso en ejecutar una condena no así lo que pueda hacer el penado durante el tiempo que se encuentre en búsqueda. Esto ciertamente podría ser imprevisible e inevitable.
Esta causa ha convertido al Juez Rafael Tirado en el chivo expiatorio de un sistema judicial anticuado y obsoleto, que no cumple con las exigencias de una Administración ágil, eficaz y justa que la sociedad actual demanda.
Cumpliendo con el rol impuesto de chivo expiatorio se analiza y juzga la vida del Magistrado, sus peripecias profesionales y particulares, se rellenan espacios televisivos, radiofónicos y de prensa escrita, produciéndose un conjunto de efectos negativos en su persona, en el ejercicio de su actividad, en su entorno familiar y social. Descargamos la culpa colectiva sobre alguien en particular, aun cuando éste pueda no ser responsable de tal falta, produciéndose explícitamente una condena social y potencialmente un costoso precio.
En toda esta escena, un padre indignado y roto que no comprende porque le ocurrió esto a su hija quien, con una admirable capacidad de análisis, promueve un movimiento social encaminado a una nueva propuesta de modificación del Código Penal relacionada con un registro de pederastas y con el cumplimiento íntegro de penas para estos agresores, así como que se depure la responsabilidad profesional del Magistrado y la petición pública de una medida disciplinaria ejemplar.
Extraña en todo esto que no se dedique más tiempo y más espacios informativos a estudiar la conducta del indeseable imputado en el caso de la niña de Huelva, supuestamente autor de su muerte. Merecería un profundo análisis el perfil psicológico, familiar, laboral y social de estos elementos antisociales que nos pueden tocar de vecinos, llamados pederastas por los medios y pedófilos por la clínica psicológica.
Distintas Administraciones Públicas han adoptado una paulatina modernización de sus servicios, tal que la Administración Tributaria o la Seguridad Social entre otras, sin embargo, a alguna nunca le llega la ocasión propicia y es sólo en casos puntuales y muy traumáticos cuando se valora y se analiza la evocada modernización.
Desde las distintas administraciones implicadas se reconoce la necesidad de modernizar esta Administración y para ello se han creado Secretarias Generales, Departamentos, Secciones, Oficinas, con sus respectivos altos cargos y empleados públicos, todo destinado a asumir el prometido cambio, pero este no acaba de llegar.
PEC. Septiem/2008
La mediación se está configurando como una excelente alternativa de resolución de conflictos, principalmente de aquellos que surgen en el seno de las relaciones de pareja o de familia. También en disputas sobre el cuidado de nuestros mayores dentro de una familia de varios descendientes, diferencias intergeneracionales de padres con hijos, problemas en empresas familiares, dificultades con sucesiones o herencias, conflictos entre socios de una misma empresa o entre trabajadores productivos de aquellas, discrepancias entre vecinos…., así podemos encontrarnos con una mediación familiar, social o comunitaria.
La mediación es más antigua de lo que pensamos. Siempre se demandó la intervención de un tercero cuando las partes por sí solas no llegaban a un acuerdo: personas sabias, el sacerdote del pueblo, los más viejos del lugar….
Actualmente el proceso tiene una estructura determinada y está apoyado en la figura del mediador, siendo el eje básico de actuación ayudar a las partes enfrentadas para que se apropien del conflicto e intenten resolverlo.
Todo comienza cuando voluntariamente conectan con la mediación, en la llamada sesión informativa previa, donde el mediador explica cuales serán los roles de los intervinientes y el suyo propio, estableciendo las reglas de juego y el carácter absolutamente voluntario del proceso, siendo el mediador el que llevará el timón del propósito.
El mediador no es el que propone la solución ya que la carga emocional que envuelve a las partes y su especial vulnerabilidad podría propiciar que alguno de ellos se agarre a un clavo y se arrepienta después.
El mediador no tiene que dar opiniones, ni hacer juicios de valor, ni se puede alinear con una u otra parte. Es un elemento neutral, que maneja hábilmente las técnicas de comunicación, intentando que ellos hablen entre sí, que verbalicen sus problemas, que se apropien de él, que recuperen la capacidad de análisis. Que, con la identificación previa de los problemas, vayan buscando y proponiendo soluciones negociadas.
Establecerá unas prioridades y esto ayudará a las partes a clarificar sus intereses y necesidades. Téngase en cuenta que cuando se está cabreado o dolido resulta difícil pensar. Lo más importante es lo que les está ocurriendo a ellos.
Ha de tenerse en cuenta, en lo que se refiere a procesos de ruptura conyugal, que el conflicto tiene un carácter especialmente dialéctico, y se deteriora porque se rompieron los canales de comunicación entre las partes, se rompió el dialogo, no se escuchan mutuamente y por ello no encuentran vías de solución al problema.
El único camino que suelen encontrar es la vía judicial y desde una modesta experiencia puedo decir que la vía judicial, a la que todo el mundo acude, no sólo no resuelve la situación sino que la coloca en una posición aún mas penosa de lo que estaba antes de acudir a los tribunales, siendo el interés principal de una u otra parte quedar como ganador o perdedor en la contienda, alentados además por los intereses propios y personales que defienden sus respectivos abogados.
La Justicia legalizará una situación de ruptura conyugal pero no reconstruirá ni se ocupará de las circunstancias familiares en el ámbito relacional y social.
La mediación previa en procesos de familia conduce a solucionar negociadamente las diferencias entre los cónyuges y reduce considerablemente las consecuencias negativas y el desgaste de un proceso judicial enconado, cambiando el concepto de ganador-perdedor por el de ganador-ganador.
Generalmente, el que está interesado en retomar la vía del diálogo perdido y lo intenta, casi siempre obtiene la recompensa del éxito.
Más sentido tiene si consideramos que aunque se produzca la separación conyugal legal las relaciones no se acaban con la sentencia de divorcio, sino que van a continuar irremediablemente en el caso de que los cónyuges sean progenitores de uno o varios hijos de los que van a ser siempre responsables y participes de sus intereses personales.
Además de todo ello se consigue descargar de asuntos a los tribunales, agilizándose los trámites y disminuyéndose la victimización que supone que los asuntos tarden demasiado tiempo en enjuiciarse.
Se ha de tener en consideración que con la ruptura matrimonial, con la carga emocional que ello conlleva, de forma consecuente y paralela, se produce una división económica, cambio de domicilio para uno de los dos, cambio de los hábitos sexuales, cambian los apoyos emocionales, cambian las relaciones de amistad que se tenían antes de la ruptura, cambiamos el entorno social, cambiamos incluso el trabajo.
Si uno de los dos no trabajaba fuera del hogar se tendrá que incorporar al mercado laboral con la edad que tenga en ese momento; aparecerá el desequilibrio económico; nuevas relaciones de pareja; lo traumático que puede llegar a ser para los hijos y esto va a depender de la edad con que les coja, el nuevo papel que ellos van a desempeñar, y todo aquello que seamos capaces de imaginarnos.
Tuve un profesor D. Daniel Bustelo, experto en mediación que, entre otras cosas, preguntaba a los matrimonios que iban a sus sesiones:
¿Cómo le gustaría que contara su hijo a su novia que fue el proceso de separación de sus padres?
En la mediación se están poniendo muchas esperanzas, aunque no siempre sea “el remedio”, será positivo que se promueva e informe de sus bondades. Merece la pena promover la cultura del acuerdo frente a la de la confrontación.
Paco Espinar. Julio-2008
Al amparo de la hinchazón acelerada del globo urbanístico se han creado infinidad de pequeñas y medianas empresas. Otras se unieron formando una grande. Tanto el que era peón de albañil como el que fuera oficial, por cuenta ajena, montan valientemente sus propias empresas de construcción.
Simultáneamente a la construcción aumentan las plantillas de las carpinterías convencionales y de las carpinterías metálicas. Muchos empleados de estas actividades piden el finiquito y se instalan por sí mismos.
La escayola y el yeso son otras fuentes de trabajo y dinero, los chavales jóvenes que dejan pronto los estudios se incorporan a estos oficios, y así multitud de actividades relacionadas con las cuestiones urbanísticas como las mal llamadas agencias inmobiliarias, que en realidad son agrupaciones de intermediarios.
El transporte por carretera no podía ser menos y el que tenía un camión apostó por tres camiones. El que tenía diez camiones creció hasta situarse con treinta camiones. Los ejemplos son conocidos. Los camiones son herramientas de trabajo que se amortizan, que pagan los sueldos de sus conductores y su propio mantenimiento, trabajando, haciendo horas y kilómetros.
Viene la ralentización de la actividad económica para todos y el transporte también empieza a mermar, las propias empresas abaratan los portes y “tiran” los precios (por eso algunos quieren el establecimiento de tarifas mínimas), el gasoil sube todos los días y los costes aumentan frente a la disminución de la actividad.
Hacen números, se organizan, y plantean al Gobierno sus reivindicaciones - que comenzaron en enero y que aparcaron por las elecciones -, que les ayuden a capear la crisis. Como no se dio una respuesta satisfactoria, los empresarios del sector convocan una huelga indefinida, con las repercusiones que todos conocemos.
Para aplacar los ánimos reivindicativos, al segundo día de huelga, el Gobierno saca en carretera a la Guardia Civil y en las ciudades a la Policía antidisturbios pudiendo presenciarse imágenes que conmemoran una época pasada. Los camiones de carrefour y de mercadona son escoltados para que puedan abastecer sus negocios, digo, los supermercados. También el abastecimiento de combustible es amparado para evitar que se agoten las reservas de carburantes en las gasolineras.
Los interlocutores del transporte llegan a ciertos acuerdos con la Administración, sin embargo, los autónomos del camión no parecen contentos, y mantienen su petición de tarifa mínima que les permita garantizar los costes del desplazamiento, sin embargo, el camión no es un taxi y esta petición no se otorga.
Todas en general, y especialmente las grandes empresas de transportes, obtienen ventajas fiscales, devoluciones de IVA, entre otras, y todos contentos excepto el que tiene un pequeño negocio de transporte de mercancías.
La Ministra ha dicho que “el sector necesita modernizarse, reestructurarse, formarse, tener más transparencia en su mercado, ajustar la oferta a la demanda… Es probable que haya un exceso de oferta” (entrevista concedida a El País 17/6/08).
Consecuencia universal: el pez grande se come al chico.
Como el río está revuelto y la desaceleración afecta a muchos sectores, algunos aprovechan para proponer expedientes de regulación de empleo (despidos de trabajadores), argumentando que el desabastecimiento producido por la huelga de transportistas ha dejado en una situación muy delicada sus actividades de producción y no pueden hacer otra cosa.
Los pescadores no se salvan y también son damnificados por el brutal encarecimiento del gasoil. A ellos les llama poderosamente la atención cuando visitan las plazas de abastos, distribuidoras de esos productos del mar, el brillo que han adquirido los peces que ellos mismos pescaron, el aumento descomunal del precio que tienen en proporción al que le pagaron a ellos en la lonja.
Idéntica situación sufren los agricultores, grandes perjudicados en este caso por la huelga del transporte pues hubo mucha cantidad de género que no pudo venderse en los mercados por su carácter perecedero. Un sector que tampoco se explica porqué siendo los que cultivan los productos son los que menos ganan por ellos.
El ejercicio del Derecho de huelga es innegable que es más fructífero para los trabajadores de unos sectores que para los de otros: pilotos de aviones comerciales en verano; transportes urbanos de Sevilla en Semana Santa y Feria; maquinistas de Renfe y de Metro, gasolineras, etc. son colectivos que ofrecen un servicio que cuando se detiene, reivindicativamente hablando, y a pesar del establecimiento de servicios mínimos, fastidia a mucha gente y esto hace que aparezca rápidamente la voluntad negociadora y el esfuerzo político para resolver el problema.
No ocurre así en otros servicios públicos, donde los empleados haciendo uso del mismo Derecho de huelga, y siempre como último recurso, se estrellan con la absoluta falta de talante y de voluntad política, pues que más da que el papel se retrase un día, una semana o un mes en tramitarse, si este servicio sólo cuesta dinero y no me da dividendos electorales.
Por fin llegamos al pueblo llano, los que no tienen ni camión, ni barco, ni son pilotos, ni maquinistas, los que no pueden ponerse en huelga. Muchos trabajadores por cuenta ajena que para ir al tajo tienen que repostar sus vehículos, a los que vienen subiendo, casi por antojo y a diario: la luz, el gas, el carburante, el teléfono, la hipoteca, las papas, los tomates, el pan, la leche… el café de los bares, las cervezas y, por si no fuera bastante, en este instante concreto, una subida generalizada de precios de todos los productos que achacan a la concluida huelga.
Lo fácil que lo suben y lo complicado que resulta verlos bajar.
PEC. Junio/2008.-
Nací en Lora del Río, 1960. Cursé estudios básicos en C. P. Virgen de los Reyes de Lora del Río. Aprobé el acceso a la Universidad en 1991. Soy Experto Universitario en Criminología por la Universidad de Sevilla desde 1997. Licenciado en Criminología, 2ª Promoción Universidad de Murcia (2002-2007). Numerosos cursos en materia procesal de las Jurisdicciones Penal, Civil, Laboral y Contenciosa-Administrativa. Varios seminarios criminológicos. Soy Funcionario de Carrera en Servicio Activo de la Administración de Justicia desde 1988. Pertenezco al Cuerpo Nacional de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia y actualmente soy Secretario de Juzgado de Paz. Fuí Socio fundador y Presidente de la Asociación de Vecinos Ermita de Setefilla. Fuí Delegado Sindical y Responsable Regional del Departamento de Justicia, durante cinco años, en la Organización de la Unión General de Trabajadores. Tengo diversas publicaciones en prensa local, provincial y nacional.