Estructura Judicial Española. Cuaderno 1

Abril 2nd, 2009

Muchos de nosotros, en algún momento de nuestra existencia nos hemos relacionado o nos relacionaremos con la Administración de Justicia, bien solicitando amparo para que se nos de la razón en una pretensión, por haber sido perjudicados de un delito, porque hemos sido citados como testigos en alguna causa, porque queremos casarnos por lo civil, por haber sido elegidos como jurados en una causa penal, o por cualquier otra razón, produciéndonos casi siempre una cierta preocupación, particularmente, porque no entendemos bien los términos jurídicos con los que esa Administración se comunica con nosotros.

Me gustaría hacer una pequeña contribución, con un lenguaje llano, clarificando un poco cómo es la organización judicial española y algunos conceptos jurídicos que vienen recogiéndose en prensa escrita y hablada y que, en algunos casos, no son utilizados adecuadamente.

La Justicia es un concepto que ha dejado de describir una virtud, un valor social, para convertirse en un Derecho necesario para mantener la armonía entre los integrantes de una sociedad. Se mantiene equilibrada a través de unas herramientas coercitivas que son las leyes.
Con la Revolución Francesa y con el pensador político Montesquieu, se llevó a cabo la división del Poder Absoluto del Rey separándolo en otros tres distintos, detentados por distintas personas.

Actualmente los pilares democráticos son: el Poder Legislativo -reside en las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado-, el Poder Ejecutivo -Gobierno de España- y el Poder Judicial –residenciado en Jueces y Magistrados sometidos al imperio de la Ley-.

El Poder Judicial es único para todo el territorio español, está detentado por Jueces y Magistrados. “Artículo 117. Constitución Española.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

No es fácil llegar a ser Juez. Se requiere: ser Licenciado en Derecho, no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad que le inhabilite, aprobar un proceso selectivo realmente duro y superar un curso en la escuela judicial.

Hay tres categorías: Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo. La carrera judicial se empieza por el empleo de Juez, desde donde se va ascendiendo.

Los Jueces y Magistrados actúan solos o con otros jueces, dando lugar a la estructura judicial unipersonal o colegiada, según el caso. Unipersonales serían los tres juzgados de Lora del Río, y colegiada sería la Audiencia Provincial de Sevilla.

El trabajo esencial de un Juez es juzgar y ejecutar lo juzgado, interpretando la Ley, a la cual está sometido. Un Juez, dentro de su competencia, es imparcial e independiente, nadie le dice lo que tiene que hacer.

Según la ley y la materia sobre la que va a fallar puede trabajar en el ámbito jurisdiccional penal, laboral, contencioso-administrativo…

Para facilitar su labor los procesos se separan por órdenes jurisdiccionales de manera que unos jueces conocen de asuntos penales (robo), otros de asuntos laborales (despido improcedente), civiles (reclamación de cantidad, divorcio..), contencioso-administrativo (multa de tráfico no ajustada a derecho)…

En las grandes ciudades existe lo que se llama separación de jurisdicciones llamadas a establecer un método de trabajo más efectivo y especializado; por eso nos encontramos con Jdos. de lo Penal, de Instrucción, de lo Mercantil, de 1ª Instancia, etc., y en otras poblaciones hay juzgados que tocan, competencialmente, varios órdenes jurisdiccionales, como el caso de los Juzgados Mixtos de Lora del Río.

Hay otros órganos jurisdiccionales: Tribunal Constitucional, Tribunales Especiales como el Militar, o el Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo..

La máxima autoridad judicial es el Presidente del Tribunal Supremo, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial -en adelante CGPJ-.
El órgano de gobierno de los Jueces es el CGPJ y su funcionamiento está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial – en adelante LOPJ-y estructurado en el Artículo 122. de la Constitución Española.

El CGPJ está compuesto de su Presidente y por veinte miembros nombrados por el Rey, por un período de cinco años. La forma en que se eligen sus miembros ha sufrido cierta politización y el sistema ha venido dando tumbos desde 1978 hasta 2001, en que se estableció que sus componentes serían elegidos por el Parlamento, como siempre, pero de una lista de 36 candidatos entre jueces y magistrados. La mencionada politización no ha desaparecido porque los partidos políticos quieren tener su cuota dentro del Poder Judicial, amparados por la voluntad popular.
Los 36 candidatos se proponen por las asociaciones de los jueces, (APM, JD, Fco. de Vitoria y Foro Independiente). Art. 112 de la LOPJ.

Ante el CGPJ es donde responden disciplinariamente los jueces. Este órgano no juzga; resuelve sobre ascensos, permisos, vigila e inspecciona el funcionamiento de los órganos judiciales.

Además de este Órgano de Gobierno, los jueces también son gobernados por otros órganos: la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, los Presidentes de Sala, los Presidentes de las Audiencias Provinciales, los Jueces Decanos y las Juntas de Jueces.

El Poder Judicial se organiza territorialmente en:
- Municipios: Alcolea del Río.
- Partidos Judiciales: Lora del Río.
- Provincias: Sevilla
- Comunidades Autónomas: Andalucía.

Unos jueces son competentes en un municipio: Jdo. de Paz de Alcolea del Río. Otros, los son dentro de un Partido Judicial: Jdos. de 1ª Instancia e Instrucción de Lora del Río. En una Provincia: Audiencia Provincial de Sevilla. En una Comunidad Autónoma: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Otros, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional extienden sus competencias a todo el territorio español.

CONTINUARÁ. En el siguiente: Actores de Juzgados y Tribunales. Abogados y Procuradores. Juicios.

PEC.abril/2009

INSTITUCIONES DE REFORMA JUVENIL

Febrero 27th, 2009

Cuando un joven, comprendido entre los 14-18 años de edad, comete un acto tipificado como delito o falta por el Código Penal, es enjuiciado mediante un proceso, aparte de los adultos y sujeto y amparado por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores - en adelante LORRPM-.

Si al final del proceso, por sentencia firme, el Juzgado de Menores acuerda la imposición de una medida nos hallamos ante una sentencia condenatoria, aperturándose otro proceso, el de ejecución de la medida impuesta. Es obvio que si la sentencia fuera absolutoria no habrá ejecución sino archivo, después de haber decretado la firmeza de aquella.
A las condenas penales impuestas a los menores se les llama medidas y a las que se imponen a los adultos penas.

Para el caso de que haya sentencia condenatoria, el Juzgado de Menores aperturará el expediente de ejecución contra el menor, y paralelamente, se abre otro expediente por parte del Órgano competente de la Comunidad Autónoma -art. 45 de la LORRPM-, en nuestro caso la Dirección General de Reforma Juvenil, quien tiene la titularidad y responsabilidad de la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes.

La característica principal del proceso de ejecución de menores es la elasticidad en la aplicación de las medidas que se impongan, buscando siempre el superior interés del menor de manera que, dependiendo del programa, de la aplicación de la medida, de la evolución del menor… estas pueden sustituirse, modificarse (acortarse-nunca alargarse), suspenderse por interés del menor o por haber conseguido los objetivos perseguidos con la aplicación de las citadas medidas.

De cuando en cuando la entidad competente eleva informe al Juez y al Fiscal de menores respecto a la evolución de la medida impuesta al menor.

Las medidas privativas de libertad se cumplen, en su mayoría, en centros de internamiento a cargo de entidades privadas.
“En Andalucía hay unos 16 centros de internamiento, de los que tan sólo el de Biznaga (Málaga) es gestionado por la Junta de Andalucía. El resto está en manos privadas, gestionadas por entidades sin ánimo de lucro (Ginso, Meridiana, Diagrama, Afanas y Proyecto Hombre). El País. Sábado 3-noviembre-2007”.

La forma en que está funcionando este asunto sorprende a muchos y, unos lo ven bien y otros no lo ven. Téngase en cuenta que los adultos condenados penalmente a penas privativas de libertad están recluidos en centros penitenciarios públicos, gestionados por funcionarios públicos dependientes de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior.

Hay distintas opiniones sobre la privatización de determinados servicios públicos considerados como básicos, aunque este podría ser otro debate.

Con los matices que queramos darle, hablamos de cárceles privadas aunque eufemísticamente los llamemos centros de internamiento, o de internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto.

Visto lo visto, podemos crear una entidad con fines sociales y abrir y regentar un centro de cumplimiento de medidas impuestas a menores dentro de la LORRPM, sin ánimo de lucro, no obstante, los servicios que se ofrecen han de ser sostenidos por personas que trabajan y que deben ganar un sueldo. Nos metemos en plantilla nosotros, nuestros familiares y amigos y el sueldo de cada uno se acordará en función de la jerarquía y categoría que ostentes dentro de la sociedad o de la empresa.

La Junta de Andalucía sostiene el gasto de estos centros prorrateando el número de chic@s que están internos, calculando y pactando un gasto individualizado por niño y día/mes/año.

Multiplicas el número de niños por el tiempo y le entidad gestiona el gasto: para el Director, para la comida (que se lleva a cabo a través de caterings, por comodidad), para la seguridad del centro, empleados, psicólogos, médicos que visitan diariamente los centros dando cobertura sanitaria al servicio de los chicos, educadores, mantenimiento, lavanderías, pistas deportivas……

El Decreto 33/2008, de 5 de febrero, BOJA núm. 44 Sevilla, 4 de marzo 2008, regula los centros y servicios de reforma juvenil y se establece el sistema de gestión de la calidad de dichos centros y las particularidades del régimen sancionador aplicables a los Centros y Servicios que desarrollan actuaciones y programas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución o apoyo de las medidas judiciales impuestas a menores infractores por los Juzgados de Menores.

Las empresas compiten para ver quien se queda con el servicio. Los centros están funcionando y procuran revalidar la confianza del Gobierno autonómico para continuar cumpliendo con el servicio, por supuesto sin ánimo de lucro. Cuando se termina el año se hace balance, la subvención de la Junta se ha gastado y justificado íntegra y correctamente.
Hay entidades que gestionan varios centros de internamiento, empresas fuertes.

Los primeros interesados en que el centro funcione adecuadamente son los que allí trabajan. Un centro donde haya alguien que no trate bien al menor internado, que practique abusos o que de un trato degradante…. puede salir en los medios y crearse serios problemas. Tuve un profesor que visitó algunos centros de Andalucía y estos disponían de un buen ambiente de trabajo y de cumplimiento de fines. Empleados contentos, gratificados y motivados para hacer un buen trabajo con los chavales.

En las ultimas semanas ha intervenido el Defensor del Pueblo español, Antonio Múgica, mediante un informe “cuya investigación se centró en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, pero que después se amplió a todo el país, se habla de contenciones físicas y mecánicas ante la alteración del menor, en ocasiones con agresividad”. (Información / Campo de Gibraltar / 02/Febrero).

El cumplimiento y ejecución de la sentencia está amparado por el principio de legalidad, bajo el control del Juez de Menores, quien puede pedir informes sobre la medida impuesta y su evolución al centro donde esté el chico.

Hemos de tener en consideración que el asunto de los menores en instituciones de reforma es bien acogido por la opinión pública, en el sentido mas humano de la expresión. Se trabaja y se cuida de niños de 14 a 18 años con problemas, procurando encauzarlos, rehabilitarlos, potenciando habilidades que permitan su integración social o laboral cuando finalicen el cumplimiento de la medida impuesta. De cualquier modo, no podemos ignorar que cuando el chaval sale de allí vuelve al mismo círculo al que pertenecía cuando se metió en líos ..…

PEC.febrero/2009